La búsqueda de la eficiencia energética se ha convertido a día de hoy en uno de los objetivos principales para las entidades públicas y los profesionales del sector. A pesar de ir calando poco a poco en la sociedad, son muchos los usuarios para los que esta idea aún es una asignatura pendiente.
Dentro del sector inmobiliario, por ejemplo, ni propietarios ni compradores, a la hora de adquirir una vivienda, suelen darle a la eficiencia energética la importancia que requiere. No obstante, los promotores van sumándose a su implantación con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos desde Europa.
Según la normativa, para el año 2020 se pretende reducir un 20% el consumo energético en edificios, así como minimizar en el mismo grado las emisiones nocivas. Este supuesto sí que va calando en las empresas y oficinas, que van adaptando sus instalaciones de forma periódica.
Nuevamente, la etiqueta energética es primordial. De los 26 millones de viviendas existentes en España, tan solo un 5% cuenta con una certificación de tipo A, B, C o D. En el resto de casos se encuentran en E, F y G. Y es que la diferencia de gasto entre un inmueble con el certificado más exigente y aquel que no lo es, puede llegar a los 2.500 euros anuales. Adaptar las viviendas a los supuestos de excelencia energética es una solución que tiene consecuencias positivas a medio y largo plazo, tanto para el bolsillo del consumidor como para nuestro entorno.