El sector agrario muestra su preocupación por la rápida proliferación de proyectos energéticos en suelos agrícolas ante los que se presentan grandes expectativas económicas en la cesión de sus terrenos para la generación de energía. El alquiler de suelo agrícola para la instalación de plantas energéticas está haciendo que muchos terrenos cambien el uso al que se destinan con las consecuencias que esto ocasiona.
A la vez que crece esta situación la Junta de Extremadura trabaja en el decreto que pretende limitar la implantación de este tipo de instalaciones en suelo de riego. Las inversiones realizadas en estos espacios quedarían así protegidas ante el crecimiento en el número de proyectos de energías renovables.
El regadío extremeño tiene la consideración de estratégico por parte de la administración quien establece que estas explotaciones agrícolas son una fuente de riqueza para la región, que genera puestos de trabajo y cuenta con una amplia producción. El documento que está en desarrollo, trasladaría algunas de las ideas base de la Ley Agraria de Extremadura, que ya recogía el uso principal al que deben dedicarse estos suelos y las limitaciones para generar usos compatibles diferentes al agrícola.
Así bajo estas medidas se blinda el suelo regable para que siga generando riqueza y dando un uso compatible solo a aquellas actuaciones que contribuyan a la mejora de estos terrenos. El resto de suelos rústicos quedaría bajo el marco legal de las normativas mediambientales que son las que regulan el desarrollo de estos proyectos energéticos.
Desde Grupo Laura Otero abogamos por un equilibrio del desarrollo sostenible, no solo en el ámbito medioambiental sino también en el modo de vida de nuestros pueblos. El avance de las tecnologías para la generación de energía debe se compatible con los beneficios sociales y económicos que aporta el campo extremeño para conseguir un modelo de convivencia que mantenga ambos usos sin perjuicio para nuestra sociedad.