Recientemente el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan 2018-2025 de Contratación Pública Ecológica (CPE).
La meta de este plan es la consecución de los siguientes objetivos: el primero promueve la adquisición de bienes, servicios y obras, por parte de la administración pública, asegurándose de que estos tienen el menor impacto medioambiental posible. El segundo pretende que el plan sirva como impulso de la Estrategia Española de Economía Circular. Pues este tipo de economía promueve la eficiencia de los recursos, sin generar ningún tipo de residuos, todos ellos no contaminantes y eco-innovadores. Por último, pero no por ello menos importante, se busca apoyar mediante medidas concretas un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. El Gobierno afirma que la CPE introduce una serie de criterios mediante los cuales serán seleccionadas las empresas que dispongan de un sistema de gestión ambiental adherido al sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría (EMAS).
Este plan tendrá en principio tendrá una vigencia de siete años y, a partir de entonces, se procederá a su revisión.